Exigen al gobierno federal proteger el cuerpo de agua “Parque Los Cárcamos”, en León – Proceso – Proceso

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Plataforma Salvemos El Humedal Los Cárcamos en una conferencia de prensa. Foto: Especial
Plataforma Salvemos El Humedal Los Cárcamos en una conferencia de prensa. Foto: Especial

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Organizaciones ambientalistas de la sociedad civil exigieron al gobierno federal proteger el cuerpo de agua “Parque Los Cárcamos”, ubicado en León, junto al cual se construye un complejo comercial, pese a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lo reconoció como un Humedal, cuyas características lo convierten en propiedad nacional.

Además, pidieron investigar y deslindar responsabilidades de las autoridades municipales, incluido el actual alcalde, Héctor López Santillana, a quien señalaron como promotor del proyecto.

Supuestamente López Santillana y la exalcaldesa priista Bárbara Botello avalaron irregularidades en las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) presentadas por las empresas constructoras.

De acuerdo con las organizaciones, nunca se cumplió con la publicación del extracto de las MIA en el diario de mayor circulación, para conocimiento de la ciudadanía, y la evaluación de la última Manifestación se realizó en tres meses, ignorando un dictamen de la propia Dirección de Obra Pública, que pedía un estudio geotécnico complementario para garantizar la estabilidad de la obra, por ubicarse entre dos cuerpos de agua.

Agrupadas en el foro ciudadano “Plataforma Salvemos El Humedal Los Cárcamos”, las organizaciones interpusieron hace meses una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en protesta por la construcción de la plaza comercial denominada City Center.

Las obras de dicho complejo impactan e impactarán a largo plazo en la sobrevivencia de las especies animales y vegetales asentadas en el Humedal y las que migran a esta zona, según la demanda.

En conferencia de prensa efectuada en la sede del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), representantes de la Plataforma destacaron que en la plaza comercial donde habrá cines, hoteles y edificios residenciales, se invertirán 400 millones de dólares, a cargo de un fideicomiso conformado por tres empresas.

Una de ellas es México Retail Properties, de Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Los otros dos son Grupo Impulza, de Omar Quesada Ascencio, y el empresario Oscar Webber Muzquiz.

Tanto Omar Quesada Ascencio como Oscar Webber Muzquiz, subrayaron, están incluidos en la lista de 300 evasores fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con un adeudo de 18 millones de pesos cada uno.

El abogado Gustavo Lozano, integrante de la Plataforma, señaló que también denunciaron la actuación de las autoridades municipales, “llena de irregularidades y opacidad”, tanto en el trienio de Bárbara Botello Santibáñez, cuando se otorgó una autorización en materia ambiental, como en la del panista Héctor López Santillana, en la que se siguen tomando decisiones a favor del proyecto, sin tener atribuciones o facultades legales para ello, por tratarse de un cuerpo de agua nacional, un Humedal.

“En todo momento las autoridades municipales y los promotores del proyecto se han cuidado mucho de no llamarle Humedal, sino cuerpo de agua; siempre negaron que se tratara de un Humedal” e intervinieron a través de la Dirección de gestión ambiental del municipio para otorgar una evaluación positiva a la MIA sin tener atribuciones, destacó Lozano.

 

Propiedad nacional

Los integrantes de la Plataforma también dieron a conocer un documento expedido por la Gerencia de Calidad del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), firmado por Eric Daniel Gutiérrez López, con fecha 19 de agosto de 2019, donde se menciona que después de una revisión técnica hecha a petición de las organizaciones “y con información consultada y acopiada por esta Gerencia”, se determinó que el Parque Los Cárcamos es Humedal, por lo tanto, se considera propiedad de la nación.

De la revisión, la Gerencia de Calidad del Agua concluyó que “de acuerdo con el artículo 27 constitucional, las aguas provenientes del cuerpo de agua ubicado en el Parque Los Cárcamos son consideradas como de propiedad nacional”.

Precisó que en la Red Hidrográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se observó que “inmediatamente abajo del Parque Los Cárcamos se encuentra el inicio de una corriente que afluye al arroyo Los Castillos, que a su vez descarga sus aguas a la corriente denominada Hacienda de Arriba y Los Gómez, y que de acuerdo con la carta topográfica mencionada afluye al Río Turbio, que cuenta con declaratoria de propiedad nacional…”.

En ese sentido, señalaron los integrantes de la Plataforma, “estamos pidiendo que toda vez que la Comisión Nacional del Agua ha pronunciado de manera oficial diciendo que lo que tenemos es un Humedal, entonces que la Federación asuma la facultad, que se dé vista a la autoridad competente, la Dirección general de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (Semarnat)”.

Debido a que el proyecto se asienta e interrumpe el flujo de agua de la presa del Palote a Los Cárcamos, “hemos estado documentando que el nivel de agua del Humedal ha ido en descenso; esto tiene que ver directamente con la obra”, precisó Gustavo Lozano.

Además, dijo, “la empresa no ha respetado las condicionantes que le impone la Dirección de Gestión Ambiental: que no vaya más allá de los 11 metros de profundidad al insertar cimientos y sótano. Hemos medido esta profundidad y estamos seguros de que va más allá de los 15 metros de profundidad”.

También se calificó de irracional que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) otorgara una factibilidad de servicio de agua al proyecto City Center por 303 mil millones 960 mil litros de agua al año, cuando “el gobierno municipal asegura que no la tenemos”, y se presiona para la terminación y operación de la presa el Zapotillo en Jalisco.

Los representantes de las organizaciones de la Plataforma exhortaron al gobierno federal a indagar y determinar el alcance de los daños y suspender el proyecto para que la Semarnat evalúe, se deslinden responsabilidades de las autoridades municipales de León y de las empresas que conforman el Fideicomiso que construye la plaza, “de modo que se garantice la remediación del daño y, de encontrarse ilícitos, se presenten las denuncias ante la Fiscalía General de la República”.

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